Divorcio ante Notario en Olot

El divorcio notarial de mutuo acuerdo es un procedimiento extrajudicial por el cual ambos cónyuges disuelven su matrimonio mediante una escritura pública autorizada por notario. Está regulado por los artículos 82 y 87 del Código Civil y por la Ley 15/2015, de la jurisdicción voluntaria. Requiere un convenio regulador, el consentimiento personal de ambos y la asistencia de un letrado en ejercicio.

A diferencia del divorcio judicial, esta modalidad no exige tramitar un procedimiento ante un juzgado cuando concurren todos los presupuestos legales. Los cónyuges deben haber alcanzado un acuerdo sobre las consecuencias de la ruptura y expresar su voluntad inequívoca de divorciarse. El convenio regulador recoge las medidas económicas y personales que sean aplicables a su situación.

Durante el otorgamiento, el notario comprueba la identidad y la capacidad de los comparecientes, verifica que el consentimiento se presta libremente y examina la legalidad del convenio. Si aprecia que alguno de los acuerdos puede resultar gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, debe advertirlo y dar por concluido el expediente, de modo que la aprobación del convenio deba plantearse ante la autoridad judicial.

La formalización concluye con la firma de la escritura pública de divorcio. Posteriormente, se remite al Registro Civil para su inscripción.

Para tramitar un divorcio ante notario en Olot, ambos cónyuges deben estar de acuerdo, no tener hijos menores no emancipados ni hijos mayores respecto de los cuales existan medidas judiciales de apoyo atribuidas a sus progenitores, contar con asistencia letrada y presentar un convenio regulador adecuado a su situación. Además, deben comparecer personalmente y prestar su consentimiento ante el notario competente.

En primer lugar, debe existir un acuerdo real sobre la disolución del matrimonio y sus consecuencias. No basta con que ambos quieran divorciarse: también deben haber resuelto las cuestiones que deban incluirse en el convenio regulador, como el uso de la vivienda familiar, las obligaciones económicas entre ellos y, cuando corresponda, la liquidación del régimen económico matrimonial.

En segundo lugar, es obligatoria la asistencia de un letrado en ejercicio durante el otorgamiento de la escritura. Los cónyuges deben intervenir personalmente, de modo que no basta con que un representante manifieste el consentimiento en su nombre. El abogado asesora sobre el convenio y sus consecuencias jurídicas.

Por último, debe respetarse la competencia territorial prevista en el artículo 54 de la Ley del Notariado: la escritura puede otorgarse ante el notario del último domicilio común o ante el del domicilio o la residencia habitual de cualquiera de los solicitantes. Por tanto, no depende únicamente de la libre elección de cualquier notaría.

El divorcio ante notario no es posible cuando hay hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los cuales se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Tampoco procede si falta el consentimiento de uno de los cónyuges o no hay acuerdo sobre las medidas del divorcio. En estos casos, es necesario acudir a la vía judicial o a la alternativa legal que corresponda.

La existencia de hijos menores no emancipados impide utilizar la vía notarial incluso cuando los progenitores están completamente de acuerdo. La finalidad es que las medidas que afectan a los menores puedan someterse al control de la autoridad judicial. La misma limitación se aplica al supuesto específico de hijos mayores con medidas judiciales de apoyo atribuidas a sus progenitores.

El convenio regulador establece los acuerdos que organizan las consecuencias personales y económicas del divorcio. Debe recoger las medidas que sean aplicables, como el uso de la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, las obligaciones económicas entre los cónyuges y la liquidación del régimen económico matrimonial, cuando proceda. Su contenido debe ser legal y no resultar gravemente perjudicial para los afectados.

Uno de los aspectos principales es la atribución del uso de la vivienda familiar y, cuando corresponda, del ajuar doméstico. También deben concretarse las cargas del matrimonio y las obligaciones económicas que puedan mantenerse tras la ruptura, así como las bases de actualización y las garantías que procedan.

Para preparar un divorcio notarial suelen necesitarse los documentos de identidad de ambos cónyuges, el certificado literal de matrimonio o la documentación familiar disponible, el convenio regulador y, si se liquidan bienes, los documentos que acrediten su titularidad y situación. La notaría puede solicitar documentación complementaria para comprobar los requisitos legales y autorizar correctamente la escritura pública.

En primer lugar, ambos cónyuges deben aportar su DNI, NIE o pasaporte en vigor, según corresponda, para acreditar su identidad. También es necesario disponer del certificado literal de matrimonio o de los datos registrales que permitan acreditar el vínculo matrimonial. El libro de familia puede servir como documentación complementaria, aunque no sustituye automáticamente los certificados que sean necesarios.

A continuación, es necesario preparar el convenio regulador con asistencia letrada. Si los cónyuges quieren liquidar su régimen económico matrimonial en la misma operación, conviene reunir las escrituras de propiedad, las notas simples o certificaciones registrales, los certificados bancarios y la documentación de vehículos u otros bienes que se pretendan adjudicar. La documentación concreta dependerá de la naturaleza de los bienes y de los acuerdos alcanzados.

La escritura pública de divorcio formaliza la disolución del matrimonio desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges ante el notario. La escritura se comunica al Registro Civil competente para su inscripción, que resulta relevante para la publicidad registral y para que el divorcio pueda hacerse valer frente a terceros de buena fe.

El artículo 89 del Código Civil establece que los efectos de la disolución matrimonial por divorcio se producen desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública. Sin embargo, frente a terceros de buena fe, el divorcio no despliega plenos efectos hasta su inscripción en el Registro Civil.