Matrimonio ante notario en Olot

Desde junio de 2021, la Ley del Registro Civil (Ley 20/2011) atribuyó a los notarios competencia para tramitar el expediente matrimonial previo y celebrar bodas civiles con exactamente la misma validez legal que un matrimonio ante el juez o el encargado del Registro Civil.

El proceso se divide en dos fases: la tramitación del expediente, que verifica que ambos contrayentes cumplen los requisitos legales, y la celebración, en la que se formaliza el consentimiento matrimonial ante notario.

Cualquier pareja que reúna los requisitos legales puede elegir esta vía. La ley exige que al menos uno de los contrayentes esté empadronado en el municipio o partido notarial correspondiente.

Las ventajas del matrimonio ante notario incluyen un ambiente más cercano e íntimo, mayor flexibilidad horaria y asesoramiento jurídico previo sobre el régimen económico matrimonial, las capitulaciones o las consecuencias patrimoniales del matrimonio.

Para casaros ante notario, el primer paso imprescindible es rellenar y presentar la solicitud de expediente matrimonial en el Colegio Notarial de Cataluña.

La documentación básica incluye el DNI o pasaporte en vigor de ambos contrayentes, certificados literales de nacimiento y certificados de empadronamiento recientes, así como acreditación del estado civil actual.

Los divorciados deben aportar la sentencia firme de divorcio; los viudos, el certificado de defunción del anterior cónyuge. Cuando uno de los contrayentes es extranjero, suele requerirse documentación sobre capacidad matrimonial de acuerdo con su legislación de origen, apostillada y traducida oficialmente.

Un momento clave del expediente es la entrevista reservada ante notario, obligatoria por ley: el notario mantiene una conversación individual y separada con cada contrayente para verificar que el consentimiento matrimonial es libre, pleno y auténtico. No se trata de examinar la relación, sino de una garantía jurídica ante matrimonios celebrados bajo coacción o simulación. En la práctica es una conversación breve y natural.

Una vez completada la documentación y las entrevistas, el notario dicta la resolución del expediente. Si no hay ningún impedimento legal, el expediente se aprueba y la pareja puede fijar la fecha de la celebración. En casos excepcionales puede ser denegado, con posibilidad de recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La ceremonia comienza con la identificación de los contrayentes y los testigos. El notario lee los artículos legales relativos a derechos y deberes conyugales y, a continuación, cada miembro de la pareja expresa libremente su consentimiento matrimonial. Muchas parejas incorporan lecturas, música o palabras personales antes o después del momento jurídico principal.

La presencia de dos testigos mayores de edad es obligatoria. Su función es dar fe de que el acto se ha celebrado correctamente y de que el consentimiento se ha prestado libremente.

Después de la ceremonia, el notario levanta la escritura pública o acta notarial del matrimonio y la remite electrónicamente al Registro Civil para su inscripción, que es la que otorga plena eficacia ante terceros. La pareja recibe copia autorizada de la escritura como acreditación legal del vínculo matrimonial.

El régimen económico matrimonial supletorio en Cataluña es la separación de bienes: salvo pacto en contrario, cada cónyuge mantiene la propiedad y gestión de sus propios bienes, a diferencia de otras comunidades donde se aplica por defecto la sociedad de gananciales. Quien prefiera otro régimen puede pactarlo mediante capitulaciones matrimoniales otorgadas ante notario.

En cuanto al idioma, la pareja puede elegir libremente celebrar el matrimonio en catalán o castellano. El notario puede redactar la escritura y dirigir la ceremonia en cualquiera de los idiomas oficiales.

Respecto a la competencia territorial, el expediente matrimonial debe tramitarse ante el notario correspondiente al domicilio de alguno de los contrayentes, aunque la celebración puede realizarse ante otro notario en determinados supuestos permitidos por la ley.